Foro Judicial Independiente http://www.forojudicialindependiente.es Hacia una justicia de más calidad y una carrera judicial unida Fri, 28 Apr 2017 09:23:56 +0000 es-ES hourly 1 ¿POR QUÉ APUESTO POR EL COORDINADOR DE LA PARENTALIDAD? http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/28/por-que-apuesto-por-el-coordinador-de-la-parentalidad/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/28/por-que-apuesto-por-el-coordinador-de-la-parentalidad/#respond Fri, 28 Apr 2017 09:23:02 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5358 La forma en cómo se gestiona la ruptura de pareja y el tipo de relaciones que los miembros de la familia mantienen tras la separación son la piedra angular determinante del bienestar de los menores. Si se realiza de manera racional, pensando en los hijos, garantizándoles el derecho a seguir manteniendo una relación sana y satisfactoria con ambos progenitores, la separación no deja tanta afección.
Lo contrario pone en riesgo la salud física y psíquica de los hijos.
La ruptura de pareja conlleva un conjunto de consecuencias:
– Efectos psicoemocionales: ansiedad, estrés y depresión que precisan atención psicológica.
– Cambios en la situación económica con disminución de ingresos y aumento de gastos, en detrimento de las posibilidades educativas de los hijos.
– En la custodia simple hay aumento de las responsabilidades del progenitor custodio, por lo que se aconseja que ambos padres asuman su responsabilidad en el cuidado, crianza y educación de los hijos.
El ejercicio de la coparentalidad obliga a ambos a responsabilizarse y participar en el desarrollo y bienestar de los hijos en igualdad de condiciones.
La ruptura se puede resolver de forma consensuada, o contenciosa en procesos judiciales que producen consecuencias perjudiciales para la familia.
La implantación legal de la custodia compartida preferente está generando una gran preocupación e incertidumbre porque no sabemos qué ocurre durante la ejecución de las sentencias.
En Cataluña (Ley 25/2010 de 29 julio), en País Vasco, Galicia y en países como Australia, Canadá y EEUU se está apostando por el coordinador de parentalidad, avalado por prestigiosas asociaciones en derecho de familia y psicología como la Asociación Española de Abogados de familia y Sociedad Española de psicología jurídica y forense.
La coordinación de parentalidad es un proceso centrado en los niños mediante el que un profesional con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, educándoles sobre necesidades de hijos, tomando decisiones conforme a las condiciones establecidas en sentencia.
No es confidencial ni voluntario para los padres, se puede imponer judicialmente conforme al interés superior del menor.
¿En qué conflictos interviene?
El coordinador parental interviene en conflictos persistentes, abuso de sustancias, salud mental o de conducta en progenitores, violencia familiar o de género, cuando un progenitor intenta limitar o impedir el contacto de los hijos con un progenitor o cuando pretende alterar el vínculo materno/paterno filial.
Sus funciones son: guiar a progenitores a actuar conforme al mejor interés de los hijos, controla el cumplimiento del plan de parentalidad, media y arbitra cuando existe controversia, enseña a llevar a cabo la coparentalidad positiva, proporciona educación parental, disminuye el conflicto familiar y pacifica las relaciones familiares.
Además, es eficaz para el sistema judicial porque reduce las denuncias penales, disminuye el número de comparecencias judiciales, reduce la carga de trabajo e intervenciones de servicios externos como punto de encuentro familiar, centro de ayuda e integración familiar e incrementa la satisfacción laboral de los operadores jurídicos.
Esta figura no requiere cambios legislativos, se ampara en los artículos 158 Código Civil, 10 del Código de Derecho Foral de Aragón y 118 de la CE.
Exige profesionales expertos acreditados en mediación, psicología terapéutica, educación y trabajo social, etc.
Apuesto claramente por esta figura ya que su autoritas puede venir en los casos judicializados por el mandato del juez y, en supuestos extrajudiciales, se la conceden los progenitores con documento escrito.
Estas soluciones hemos de enmarcarlas en una mejor sostenibilidad social porque disminuye ingentes fondos públicos en sanidad, psiquiatría, educativos, judiciales, adicciones, y pacifica el entorno familiar. La mejora que provocan estos planes incide directamente en la calidad de vida de familias en crisis y se extiende como un bálsamo sobre la piel irritada por toda la sociedad para cicatrizar las numerosas heridas provocadas por el odio, el egoísmo, el ánimo de venganza y la indiferencia.
Como dice el médico y filósofo Albert Schweitzer: mientras el círculo de la compasión no abarque a todos los seres vivos, el hombre no hallará paz por sí mismo.

Ángel Dolado

(Artículo publicado en Confilegal el 25 de abril de 2017)

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COMUNICADO FJI ADSCRIPCIÓN MENORES Y VIGILANCIA http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/23/comunicado-fji-adscripcion-menores-y-vigilancia/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/23/comunicado-fji-adscripcion-menores-y-vigilancia/#respond Sun, 23 Apr 2017 17:16:16 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5356 Ante el Acuerdo 6.10 adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ en sesión celebrada el 23 de marzo de 2017, en el que se acuerda la adscripción obligatoria de la práctica totalidad de los titulares de los Juzgados de Menores de España (y de algún órgano judicial más del orden Social y de Vigilancia Penitenciaria), sin relevación de funciones, a otros órganos judiciales, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE muestra su frontal rechazo por los siguientes motivos:

1.- Desde el punto de vista formal, entendemos que la Comisión Permanente es incompetente para proceder de dicho modo. El art. 216 bis.1 LOPJ, apartado segundo, que ampara dicha actuación, atribuye la iniciativa a los TSJ, no al CGPJ que, por ello, no está habilitado para proceder en este sentido y menos aun disponiendo de forma “genérica” una adscripción prevista para supuestos “excepcionales”, sin hacer constar a qué concretos órganos judiciales se adscriben, las circunstancias del órgano afectado (situación, causas) ni el plan de actualización mencionados en dicho precepto.

2.- Ello se hace fundamentalmente a costa de una jurisdicción tan sensible como la de Menores, con base en una carga de trabajo que aún no está fijada por el propio CGPJ (¿?) y que, en todo caso, no se puede medir cuantitativamente sin tener en cuenta la materia de que se trata y de la que parece el CGPJ ser un gran desconocedor. Los juzgados de Menores tratan con quienes tienen reconocido en nuestro ordenamiento jurídico una especial protección, llevando a cabo actualmente una labor tuitiva y preventiva que solo es posible si el juez acomete con inmediatez los conflictos que se le plantean, evitando a los menores demoras en la solución a su problemática, y lleva a cabo un seguimiento continuado durante la fase de ejecución, todo lo cual pone en grave peligro este Acuerdo, con claro menosprecio a la labor de los compañeros y a la calidad del trabajo que realizan.

3.- Lamentamos mucho que el CGPJ haga el juego a los poderes políticos y siga la falacia de que en España el problema no es la falta de jueces, sino que no está bien distribuido el trabajo entre los que hay. De acuerdo con las estadísticas del propio CGPJ y del Consejo de Europa (CEPEJ), en nuestro país hay 11,46 jueces cada 100.00 habitantes, frente a los 20,7 de media europea, la tasa de litigiosidad en el año 2014 fue de 15.680 asuntos ingresados cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 5.757 asuntos, y la tasa de pendencia ha pasado de 0,28 en el año 2004 a 0,29 en el año 2014, lo que significa que el retraso medio ha pasado en diez años de 102,20 días a 105,85 días, es decir, que vamos a peor. Ante esta situación, es imprescindible aumentar la planta judicial a corto plazo, y eso es lo que debería exigir con contundencia el CGPJ al Ministerio de Justicia, no dedicarse a parchear en detrimento de la calidad del servicio.

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE muestra su apoyo a todos los jueces afectados, les anima a recurrir la decisión y, desde luego, iniciará los trámites internos para sostener a sus asociados en una eventual vía jurisdiccional.

En Madrid, a 22 de abril de 2017

LA COMISIÓN GESTORA DE FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

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COMUNICADO SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE JUSTICIA DE 2017 http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/09/comunicado-sobre-los-presupuestos-de-justicia-de-2017/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/09/comunicado-sobre-los-presupuestos-de-justicia-de-2017/#respond Sun, 09 Apr 2017 20:46:09 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5353 PRESUPUESTOS JUSTICIA 2017
Según los presupuestos presentados por el Gobierno para el año 2017, la partida correspondiente al Ministerio de Justicia se incrementará un 7,7% en este año, lo que supone 121 millones de euros más que el año anterior, así hasta alcanzar los 1.700 millones de euros.
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE valora positivamente dicho aumento, pero quiere hacer una serie de consideraciones al respecto:
1.- El gasto en justicia ha ido en aumento en la última década si tenemos en cuenta conjuntamente los presupuestos del Ministerio de Justicia, de las CCAA con competencias transferidas y el del propio de CGPJ, superando incluso el gasto de países como Italia, Francia o Finlandia. (1)
2.- Este aumento, sin embargo, no se ha visto acompañado de una mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en España, más bien al contrario, estando ahora peor que hace años en lo que a pendencia se refiere. (2)
3.- La razón última de ello es que dichos incrementos de gasto no han ido dirigidos a combatir las variables que condicionan dicho funcionamiento, esto es, a aumentar la planta judicial y el número de juzgados (y a hacerlo allí donde más falta hace) y a reducir la litigiosidad. (3)
4.- La compleja organización de la justicia de este país, con hasta tres Administraciones implicadas, unida a la ausencia de un modelo de Justicia en la mente de nuestros políticos, ha propiciado que el gasto en Justicia haya sido estéril por no concentrarse en esos objetivos. En dichos presupuestos, además, está prevista la dotación para 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. Y esto es claramente insuficiente:
Desde el año 2004 hasta el 2014 se ha producido un incremento del 54 %, gastándose en Justicia 1 unos 76,6 euros por habitante, frente a la media europea de 59,3 euros.
La tasa de pendencia ha pasado de 0,28 en el año 2004 a 0,29 en el año 2014, lo que significa que 2 el retraso medio ha pasado en diez años de 102,20 días a 105,85 días (aunque según el Consejo de Europa nuestra tasa es de 0,59, Consejo de Europa que también nos dice que en España cada juez tiene pendientes 288 asuntos, frente a los 158 asuntos de media europea).
La tasa de litigiosidad en España es de 15.680 asuntos ingresados cada 100.000 habitantes, frente 3 a la media europea de 5.757 asuntos, para el año 2014.
1.- Dicha previsión no va a servir ni para cubrir las vacantes por baja o jubilación, quedándonos estancados en la escasa ratio de jueces/fiscales por habitante que caracteriza a España frente a los países de nuestro entorno. (4) Y muy lejos de las convocatorias de no hace tanto tiempo (300 plazas en el año 2007, 233 plazas en 2008, 370 plazas en 2009 ó 400 plazas en 2010 y 2011).
2.- De hecho, se dispone que dicha provisión es para cubrir la disminución de los jueces y fiscales sustitutos, únicamente. Es decir, continuamos con la misma dinámica de eliminación de la interinidad que se inició con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, la cual aumentó la carga de trabajo de los jueces titulares porque, a partir de entonces, éstos empezaron a cubrir todas las ausencias de sus compañeros por enfermedad, permisos y licencias.
3.- Este “incremento” de jueces, además, no significa un aumento de juzgados, pues en muchas CCAA la inversión depende de ellas, así que mucho nos tememos que estamos a un paso de seguir abusando de la figura del JAT, utilizándola para fines distintos de los que justificaron su nacimiento.
4.- En definitiva, y a pesar de lo indicado líneas arriba, se sigue sin dirigir el esfuerzo inversor a aumentar la plantilla de jueces y fiscales y/o a crear nuevos juzgados, con lo que se van a seguir sin solucionar los males que aquejan a la Justicia española, que a corto plazo necesita de dicho incremento para empezar a ver la luz.
5.- Ello demuestra lo poco que interesa realmente la Justicia al partido en el Gobierno, que prometía una “justicia ágil y de calidad” en su programa pero que no invierte para ello.
6.- Reclamamos, pues, una mayor convocatoria de plazas, sostenida además durante varios años seguidos, como un primer paso, aunque no el único, si verdaderamente se quiere mejorar la Justicia en nuestro país.
En Madrid, a 8 de abril de 2017

LA COMISIÓN GESTORA DE FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

Nota: los datos ofrecidos a pie de página, actualizados al año 2014, son los que arroja la estadística del CGPJ y del CEPEJ (Consejo de Europa), tal y como han sido analizados en la tesis doctoral “Gasto público y funcionamiento de la Administración de Justicia en España entre 2004 y 2013. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Comparativa con otros países europeos”, de D. Francisco Gutiérrez López.
(1) Desde el año 2004 hasta el 2014 se ha producido un incremento del 54 %, gastándose en Justicia 1 unos 76,6 euros por habitante, frente a la media europea de 59,3 euros.
(2) La tasa de pendencia ha pasado de 0,28 en el año 2004 a 0,29 en el año 2014, lo que significa que 2 el retraso medio ha pasado en diez años de 102,20 días a 105,85 días (aunque según el Consejo de Europa nuestra tasa es de 0,59, Consejo de Europa que también nos dice que en España cada juez tiene pendientes 288 asuntos, frente a los 158 asuntos de media europea).
(3) La tasa de litigiosidad en España es de 15.680 asuntos ingresados cada 100.000 habitantes, frente 3 a la media europea de 5.757 asuntos, para el año 2014.
(4) 11,46 jueces cada 100.00 habitantes, frente a los 20,7 de media europea (5,15 fiscales cada 100.000 habitantes, por los 11,3 de Europa)

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COMUNICADO FJI SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PERMISOS, VACACIONES Y PATERNIDAD http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/04/comunicado-fji-sobre-recurso-de-inconstitucionalidad-permisos-vacaciones-y-paternidad/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/04/04/comunicado-fji-sobre-recurso-de-inconstitucionalidad-permisos-vacaciones-y-paternidad/#respond Tue, 04 Apr 2017 16:12:32 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5349 La Asociación Foro Judicial Independiente quiere poner de manifiesto que:

Tras promulgación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Mediante el RD Legislativo 20/2012 se procedió al ajuste presupuestario en el sector público. También se modificación de la LOPJ en el año 2009, procediéndose a un considerable recorte de días de vacaciones y permisos. Medidas calificadas de temporales.

Cuando la situación económica lo ha permitido, se ha procedido a restablecer al sector público a la situación anterior por RD Legislativo 10/2015 de 11/9/2015. Sin que se haya procedido a la restitución de los derechos transitoriamente modificados en la Carrera Judicial. Así mismo se ha hecho efectivo el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que aprobó la Ley 9/2009, sin la correspondiente modificación de la LOPJ a tal fin.

Foro Judicial Independiente, por sí sola y junto a las demás asociaciones judiciales, ha requerido al Ministro de Justicia en reiteradas ocasiones para que se apruebe por Ley Orgánica la restitución en el plazo más breve posible de esos derechos.

El Ministro de Justicia ha hecho caso omiso a tales requerimientos.

La Comisión Permanente del CGPJ adoptó sendos acuerdos (con el voto disidentes de uno de los vocales) negando extender estos derechos a los Jueces y Magistrados, contraviniendo así el más elemental derecho de conciliación a la vida personal y familiar y omitiendo el principio de trasversalidad recogida en la Ley de igualdad 3/2007 de 22 de marzo y en el Plan de igualdad para la carrera judicial.

Ante esta situación la Comisión Gestora de FJI ha acordado la remisión de escritos al Defensor del Pueblo, al Congreso de los Diputados y al Senado al amparo del art162.1.a) de la CE a fin de plantear recurso de inconstitucionalidad de la LOPJ 6/2005 de 1 de Julio, al infringir el art.14 de la CE en relación a estos derechos.

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30/03: Jornada “Aplicación del derecho de la Unión Europea por los tribunales españoles” http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/28/3003-jornada-sobre-la-aplicacion-del-derecho-de-la-union-europea-por-los-tribunales-espanoles/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/28/3003-jornada-sobre-la-aplicacion-del-derecho-de-la-union-europea-por-los-tribunales-espanoles/#respond Tue, 28 Mar 2017 14:15:28 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5334 Este jueves 30 de marzo a 18:30 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (c/ Chapineros, 6) tendrá lugar la jornada “Aplicación del derecho comunitario por los tribunales españoles” organizada por la delegación territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de Foro Judicial Independiente y por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

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COMUNICADO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/17/comunicado-sobre-las-declaraciones-del-presidente-del-cgpj/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/17/comunicado-sobre-las-declaraciones-del-presidente-del-cgpj/#respond Fri, 17 Mar 2017 20:05:12 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5331 Ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirmó recientemente que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos.

Ante estas palabras, cuando menos sorprendentes en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia judicial, las Asociaciones Judiciales quieren manifestar:

1.   El derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial –no sería necesario recordarlo- se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a los Jueces/zas y Magistrados/as la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

2.   Esta doble circunstancia significa que el Juez/a, ante todo, es una persona, está integrado en la sociedad a la que sirve activamente y, como tal, es titular de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tiene derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia.

3.   El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos/as a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al Presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan.

4.   La politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos; Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial.

5.   Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto.

Madrid, 17 de marzo de 2017

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS “FRANCISCO DE VITORIA”

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

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COMUNICADO DE FJI SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS PROVINCIALES EN MATERIA DE CLAUSULAS SUELO http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/10/comunicado-de-fji-sobre-la-especializacion-de-juzgados-provinciales-en-materia-de-clausulas-suelo/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/10/comunicado-de-fji-sobre-la-especializacion-de-juzgados-provinciales-en-materia-de-clausulas-suelo/#respond Fri, 10 Mar 2017 19:12:01 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5327 En su reunión del pasado mes de febrero la Comisión Gestora Nacional de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE se adhirió a los acuerdos aprobados por la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Sevilla que rechazaban la especialización de un Juzgado por provincia en materia de cláusulas suelo y demás condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias; acuerdos que coinciden en esencia con los tomados en otras circunscripciones (Madrid, Barcelona, Guadalajara, etc.) y con los comunicados de la semana pasada de las asociaciones judiciales APM y AJFV, comunicados que compartimos plenamente desde FJI y suscribimos sin excusa o reparo alguno.

 

Desde FJI no podemos aceptar respuestas al enorme problema existente en la administración de justicia que no sean abordar de forma seria y responsable la avalancha de nuevas reclamaciones que va a ocasionar en Juzgados ya sobresaturados en el día a día. FJI entiende que toda respuesta responsable pasa necesariamente por la creación de órganos judiciales suficientes previo estudio de la incidencia e incremento que va a provocar en la jurisdicción civil, pues ahora mismo se desconoce qué incidencia concreta tendrá el Real Decreto Ley 1/2017, que introduce un procedimiento extraprocesal específico para la resolución extrajudicial de los conflictos provocados por las cláusulas suelo, y, por supuesto, A COSTE CERO, cargando la supuesta nueva pendencia sobre las espaldas de los mismos (esta vez, sobre la espalda de uno por provincia). Se pregunta esta Comisión Gestora cómo podrá hacerse cargo del ingente trabajo que se le viene encima, máxime cuando se trate, por ejemplo, de algún Mixto con semanas de guardia (por ejemplo, todas las provincias manchegas salvo Albacete están en esa situación), que además tenga que ponerse ahora la capa provincial de defensor de los sufridos consumidores y que encima tenga que cumplir los plazos del artículo 324 LECr en la instrucción. Los trabajos de Hércules se van a quedar cortos….

 

Por ello, desde FJI recomendamos a nuestros asociados, y a la Carrera Judicial en general, que en las Juntas de Jueces sectoriales a celebrarse en los próximos días opten por interesar del CGPJ, del Ministerio de Justicia y de los organismos autonómicos correspondientes, la creación de NUEVOS órganos judiciales, pues, si de verdad se quiere afrontar la presunta avalancha de demandas civiles que parece se van a interponer desde finales del mes de junio, ello solo puede ser resuelto con un Juez o Magistrado NUEVO, un LAJ NUEVO, unos funcionarios NUEVOS y, sobre todo, una Agenda LIMPIA de señalamientos. Solo se puede afrontar por tanto con la creación de NUEVAS unidades judiciales, denominadas “bis”, “ter” o como tenga a menester de denominar. Una vez más se observa la falta de una respuesta responsable, seria y estudiada al problema de la litigiosidad por parte de quien debería velar por una justicia ágil, eficiente y cercana a los ciudadanos.

 

En MADRID, a SIETE de MARZO de DOS MIL DIECISIETE.

 

LA COMISIÓN GESTORA NACIONAL DE FJI.

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II CONGRESO IBÉRICO DE ASOCIACIONES JUDICIALES. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. CONCLUSIONES http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-asociaciones-judiciales-la-independencia-judicial-conclusiones/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-asociaciones-judiciales-la-independencia-judicial-conclusiones/#respond Tue, 07 Mar 2017 16:48:30 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5323
  • Sin jueces independientes no hay Estado de Derecho, fundamento de toda democracia.
  • La independencia del Poder Judicial es un derecho y una garantía para los ciudadanos.
  • En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces están sometidos únicamente al imperio de la Ley.
  • Garantía de esa independencia, es la inamovilidad judicial.
  • El principio se separación de poderes exige un gobierno judicial autónomo, por Consejos Superiores o Generales de la Magistratura o del Poder Judicial  de composición plural cuyos miembros sean elegidos por y entre los propios jueces.
  • La función primordial de esos Consejos es la garantía de la independencia judicial frente a presiones externas, de medios de comunicación social y de organizaciones o grupos de presión social.
  • La independencia judicial trasciende a las decisiones de cada juez: tiene una vertiente institucional, de gobierno y organizativa. Son los Consejos los máximos responsables del gobierno y administración de la Justicia. La Justicia no puede ser concebida como un servicio público más dependiente de las Administraciones.
  • El proceso judicial no es un procedimiento administrativo en el que intervengan funcionarios de dependencia gubernamental, luego su dirección corresponde a los jueces.
  • El Poder Judicial debe contar con un compromiso de las fuerzas  políticas que de paso a una garantía institucional de suficiencia  presupuestaria para la Justicia.
  • El ingreso y promoción dentro de la Judicatura debe estar presidida por el principio de mérito y capacidad.
  • Los nombramientos discrecionales serán siempre motivados.
  • La noción de eficacia de la justicia no puede en ningún caso ser identificada con criterios de productividad de los jueces. La organización administrativa del sistema de justicia deberá estar estructurada de modo que no exista posibilidad de interferencia de los órganos de gestión en la labor de los jueces y en su independencia en la tarea de juzgar.
  • Se suprimirá cualquier turno parlamentario de nombramiento de los Jueces.
  • La responsabilidad penal no podrá castigarse por imprudencia.
  • La responsabilidad disciplinaria debe cumplir la regla de certidumbre y concreción en las infracciones sin admitir tipos abiertos y genéricos, sin entrar en el contenido de lo decidido por el juez.
  • La responsabilidad disciplinaria debe cumplir la regla de certidumbre y concreción en las infracciones sin admitir tipos abiertos y genéricos. Nunca deberá examinar la actuación jurisdiccional.
  • Los Jueces dependerán económicamente de forma exclusiva del Consejo General que fijará sus retribuciones de acuerdo con la ley.
  • El juez no es un funcionario del gobierno, luego su régimen retributivo debe estar regulado por ley.
  • La independencia judicial exige, además, un régimen retributivo digno, que retribuya la dignidad judicial, la responsabilidad  del juez y su dedicación exclusiva a la  función judicial.
  • La ley de retribuciones debe incluir previsiones de actualización salarial
  • Ningún Juez podrá ver disminuido ningún componente de sus retribuciones por falta de rendimiento en su actividad, excluyéndose la multa.
  • Los jueces deben estar cubiertos frente a los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, jubilación y muerte.
  • La carga de trabajo debe permitir la conciliación de la vida familiar y profesional.
  • La pensión de jubilación de un juez, con un número mínimo de años de ejercicio, no puede ser inferior a la máxima pensión prevista para otros cuerpos del Estado.
  • Al jubilarse, el juez debe ser indemnizado en compensación al sometimiento al régimen estricto de incompatibilidades a lo largo de su vida profesional.
  • En un espacio europeo cada vez más integrado y donde hay reconocimiento automático de decisiones jurisdiccionales, la independencia del Poder Judicial debe estar garantizada por normas mínimas comunes a todos los Estados. El juez que reconozca automáticamente una sentencia de otro Estado tiene que estar seguro de que haya sido proferida por un juez con las mismas garantías de independencia.
  • Conclusión final: La situación actual en España es que las premisas que se exponen en los 26 primeros puntos de las conclusiones no se cumplen o adolecen de graves deficiencias y carencias. A ello hay que unir una situación de ineficacia endémica derivada del insuficiente número de Jueces en relación con los asuntos que se tramitan. También es relevante el pobre rango en la prioridad presupuestaria que ocupa la Justicia, lo que desemboca en carencias personales y materiales de todo tipo. Así, se puede afirmar que la independencia de la Justicia en España se encuentra en situación precaria y sobrevive a duras penas principalmente por la decidida voluntad de una buena parte de sus integrantes a costa de su salud y de sus expectativas profesionales y aprovechando los huecos que deja el enfrentamiento de los partidos políticos. Hoy por hoy, es más probable, sin embargo, que estos lleguen a un consenso para controlar la Justicia que la de un acuerdo para establecer el Poder Judicial realmente independiente de los demás poderes del Estado y verdaderamente eficaz que quiso nuestra Constitución.
  • Madrid, 3 de marzo de 2017

    Salón de Actos del CGPJ

    (Integrantes de la mesa: Filipe César Marques (ASPJ); José Luis Requero Ibáñez (APM); Joaquín González Casso (AJFV); Javier Martínez Lázaro (JD); Conrado Gallardo Correa (FJI). Moderador: Manuel G. Altava Lavall)

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    http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-asociaciones-judiciales-la-independencia-judicial-conclusiones/feed/ 0
    II CONGRESO IBÉRICO DE JUSTICIA. MESA SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL Resumen de la intervención del representante de FJI http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-justicia-mesa-sobre-independencia-judicial-resumen-de-la-intervencion-del-representante-de-fji/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-justicia-mesa-sobre-independencia-judicial-resumen-de-la-intervencion-del-representante-de-fji/#respond Tue, 07 Mar 2017 16:45:51 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5320 1.- La lucha por una Justicia independiente y eficaz.

     

    La lucha de las asociaciones por la independencia y eficacia de la Justicia, con sus errores y fallos,  no puede calificarse como un esfuerzo inútil. Sin  duda alguna ha producido frutos, especialmente a partir del año 2.003. Se han conseguido mejoras importantes, aunque son muchas más las que quedan por conseguir. Pero sobre todo ha habido un cambio en la percepción del problema por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Hoy hay una mayor conciencia de la existencia del problema de una justicia falta sin la suficiente independencia y eficacia y de la importancia que este problema tiene para la democracia.

     

    2.- La actitud de la clase política.

     

    Como consecuencia de ello ha habido un cierto cambio de actitud en la clase política. Una parte, minoritaria, con vacilaciones y errores fruto del desconocimiento en profundidad del problema, aboga por implantar otra independencia. Sin embargo, otra parte, especialmente los partidos mayoritarios, persisten en su oposición a la independencia de la Justicia en el sentido que propugna la doctrina del Consejo de Europa. Sí hay un cambio de discurso. Antes se sostenía que la Justicia no tenía que ser independiente, sino supeditada al Parlamento y Gobierno elegidos democráticamente. Es decir, autónoma más que independiente. Lo importante es la imparcialidad no la independencia. Se vuelve así a un concepto de la Justicia más cercano al de Administración de Justicia que al de Poder Judicial y en todo similar al que inspiró el modelo vigente desde la Ley Provisional de 1.870 y que estuvo en vigor sin problemas durante la dictadura franquista, con pocas modificaciones dirigidas sobre todo a sustraer de la justicia ordinaria los asuntos con trascendencia política. Este modelo, venían a sostener, era malo antes porque no había Parlamento y Gobierno democráticos, pero una vez que los hay es válido y esta es la filosofía que inspira la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985.

    Frente a las críticas cada vez más extendidas a un modelo de Justicia supeditado a la dinámica de partidos políticos y contrario a la doctrina del Consejo de Europa y a la separación de poderes que básico para un Estado Democrático de Derecho, fruto en buena medida también de la persistencia en esta cuestión de las asociaciones judiciales, la justificación que la clase política mayoritaria hace del modelo vigente es España es algo más cínica. La Justicia ya es independiente, sostienen, nadie llama ni presiona a los Jueces, como demuestran las causas contra políticos y gobernantes que proliferan. Lo que hay que resolver son problemas menores que crean una “apariencia” de falta de independencia que no es real, un “percepción” equivocada de los ciudadanos.

    Confunden de este modo deliberadamente la independencia real y no meramente formal con la precaria capacidad de maniobra que permite a los jueces el que cuando un Juez debe resolver sobre asuntos con implicaciones políticas importantes reciba un apoyo del partido contrario contra el que actúa, en lugar de la protección institucional del CGPJ. Es una situación precaria que, en cualquier momento, puede acabar cuando los partidos políticos lleguen a un consenso para controlar la Justicia y que no funciona desde luego cuando los intereses de los partidos políticos contra un Juez son coincidentes.

     

    3.- Los problemas de independencia de la Justicia son reales.

     

    La independencia de la Justicia en España es pues, ha de insistirse, precaria y además su falta de eficacia agrava el problema. En la dictadura franquista se eludía el control judicial a través de mecanismos diversos (nombramiento de los cargos gubernativos y de la cúpula de la carrera judicial y por ende de la actividad disciplinaria, posibilidad de nombrar jueces especiales cuando un juez incomodaba al poder en algún asunto ordinario, creación de tribunales especiales para los asuntos de mayor trascendencia política, control sobre la carrera profesional de los Jueces), que no obstaculizaban que en los asuntos ordinarios el Juez no fuera molestado al tomar sus decisiones y que hacían innecesario por regla general llamar o presionar directamente a jueces incómodos. Pero lo cierto es que esos mecanismos, si no los mismos otros muy similares, en menor o mayor medida, siguen vigentes hoy día. Así es cierto que hay un gobierno de la Justicia separado del Gobierno, al contrario que antes, pero no es menos ciertos que sus facultades están muy limitadas, conservando el Ministerio de Justicia y las CCAA facultades importantes; por otro lado los partidos políticos controlan el nombramiento del órgano de gobierno y adquieren con ello capacidad de influir en nombramientos sensibles y por tanto en la carrera profesional de los Jueces; por otra parte los partidos políticos tienen la capacidad de nombrar directamente parte de los Jueces que han de Juzgar a la clase política e influencia a través de un Consejo por ellos designados en determinar quienes serán los restantes; otro mecanismo de influencia es la permisividad para que los Jueces entren en la política y regresen a la judicatura sin penalización de ningún tipo, lo que permite influir sobre ellos; finalmente la clase política se reserva de forma absoluta no sólo el control presupuestario de la Justicia, como es ineludible en una democracia parlamentaria, sino el control directo de las retribuciones, lo que ya es más discutible, por citar sólo los mecanismos más relevantes de influencia en los Jueces que se reservan los políticos.

    A ello cabría sumar la ineficacia endémica en la que se mantiene a la Justicia que tarda años en atender las demandas de los ciudadanos contra el Estado o en tramitar las complejas causas en las que se encuentra implicada la clase política, lo que le permite un amplio margen de maniobra para neutralizar las actuaciones judiciales que le son perjudiciales.

    Ciertamente un Juez hoy aún puede sacar adelante sus decisiones, aunque sean conflictivas para los que detentan el poder, a pesar de todo ello, pero con sacrificio de sus expectativas profesionales y de su salud, como por otra parte ya ocurría en la dictadura franquista. Un sistema judicial democrático no puede estar basado sin embargo en la heroicidad de sus integrantes. Debe sustentarse en la realidad de que la mayoría de las personas que lo integran son personas normales y corrientes que precisan para poder realizar correctamente su función de un apoyo institucional a su independencia, un entramado de condiciones que le garanticen su futuro profesional y su bienestar económico y un número de asuntos que pueda atender adecuadamente con una jornada de trabajo normal.

    Los problemas de independencia de los Jueces españoles son reales, no son un problema de percepción. Es cierto que estos problemas no son sólo de los Jueces españoles, ni siquiera cabe afirmar que son los que tienen problemas más graves al respecto en el contexto europeo ni menos aún en el mundo, pero si no se pone remedio pronto no es descartable que en un futuro no demasiado lejano sean completamente ineficaces por falta de independencia y de medios de defender los derechos de los ciudadanos frente a los gobernantes y que la democracia quede con ello convertida en papel mojado.

    Madrid, a 3 de marzo de 2.017.

     

     

    Conrado Gallardo Correa

    Magistrado

    Audiencia Provincial de Sevilla (Secc. 5ª)

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    http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/07/ii-congreso-iberico-de-justicia-mesa-sobre-independencia-judicial-resumen-de-la-intervencion-del-representante-de-fji/feed/ 0
    CUSTODIA COMPARTIDA http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/04/custodia-compartida/ http://www.forojudicialindependiente.es/2017/03/04/custodia-compartida/#respond Sat, 04 Mar 2017 12:19:28 +0000 http://www.forojudicialindependiente.es/?p=5312 Por Ángel Dolado Pérez, Juez decano de Zaragoza

    (Publicado en Heraldo de Aragón 04/03/2017)

    Una ilustre abogada arago­nesa dijo en una confe­rencia: «No sé si la custo­dia compartida es la solución o es el problema», pero tenía claro que si no era pactada y su imposición venía por preferencia legal o de­cisión judicial en procesos de di­vorcio contenciosos, el pronósti­co para los hijos no será bueno y se hará a costa del sufrimiento de los intervinientes: progenitores e hijos/as. En Aragón tenemos de­recho civil propio con el Código de Derecho Foral de Aragón de 22/ITI/2011, una ley de custodia compartida de 2010 y nuestra ju­risprudencia la fíja el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

    En otros territorios se rigen por el Código Civil español, no hay una ley específica sobre la mate­ria y la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. Tras seis años con una ley (aprobada por cuasi- unanimidad), se replantea si las Cortes de Aragón deben revisar­la y suprimir el carácter de pre­ferente, caballo de batalla de la norma o mantener el texto actual.

    La jurisprudencia nacional y foral puede servirnos de guía para el debate social, ciudadano, jurídico y parlamentario. Sobre la oportunidad de cambios norma­tivos, han de ser el Gobierno, los diputados aragoneses o la inicia­tiva popular los que tomen la ini­ciativa legislativa. Las premisas del Supremo son: 1. El juez no puede de oficio establecer la cus­todia compartida. Es necesario que lo pida uno de los padres. En­tiende que no se habrá presenta­do un plan de relaciones familia­res contradictorio y adecuada­mente informado, sobre el que decidir con fundamento en inte­rés del menor, al no haber existi­do debate y prueba sobre dicho régimen (STS 9 marzo y 15 junio 2016).

    1. Desautoriza la tesis de juzgados y tribunales que no acuerdan la guarda conjunta si los progenitores pactaron en su día en convenio regulador la cus­todia individual materna porque ese modelo amparaba mejor el interés de la menor y se ha desa­rrollado sin problemas, por lo que no conviene ningún cambio. El TS critica la petrificación de la situación o statu quo, ya que si las relaciones de padre e hija son óp­timas, no se asegura el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral de la menor para aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura. La rutina en los hábitos de la niña son un ele­mento negativo si no se avanza en las relaciones con el padre. Los hijos tienen derecho a rela­cionarse con ambos progenito­res, aún en situaciones de crisis, de forma responsable y revoca la custodia materna por una com­partida. (Stc. 26/6/2015).

    3 Ha pa­sado de considerarlo excepcio­nal, al análisis del caso concreto y cada vez son más los supuestos de fijación judicial de custodia compartida, repartida y mixta.

    Las actuales bases jurispruden­ciales del TSJA son:

    1. En condi­ciones idóneas de ambos padres, la regla general legal y preferen­te es la custodia compartida (Sts 1/2/2012 y 4/3/2014).
    2. Si en convenio regulador pactado se fijó una custodia indi­vidual, para cambiarla por modi­ficación de medidas deben pro­barse las nuevas circunstancias y que amparan suficientemente el interés superior del menor (S. 17/1/2017). 3. El cambio de individual a compartida necesitará de apoyos para que la estabilidad de\ menor no sufra, pero el manteni­miento del statu quo no puede ser la razón para no aplicar la compartida y no hacer posible d despliegue de los efectos benefi­ciosos que comporta (S.7/972016)
    3. Hay que analizar cada caso concreto y atendiendo a circuns­tancias de especial relevancia, so­lo el juez ponderadamente puede decidir qué es lo más ade­cuado para los menores. (S.30/9/2013). Para Altamira Gon­zalo: «Mucho más importante que el tipo de custodia de los hijos, es la generalización de un plan de paz tras la ruptura. Es la búsqueda del equilibrio, que no haya ni vencedores ni vencidos. En Derecho de Familia es función de todos ayudar a resolver pro­blemas y no crearlos».

    Mi apuesta se llama mediación intra o extrajudicial, por acuerdo de los progenitores. Pero si han de resolver los jueces, lo hacen con sensatez, caso por caso, en beneficio del menor, con ayuda de los informes periciales de pro­fesionales psicosociales y apli­cando la legislación aragonesa.

     

     

     

     

     

     

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