Ante los ataques y descalificaciones procedentes de determinados sectores, nuevamente nos vemos en la obligación de recordar que España se define como un Estado social y democrático de derecho, en el que todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sometidos a la Constitución y a la ley, y en el que el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde en exclusiva a Jueces y Tribunales independientes, responsables y sujetos únicamente a aquella.

Los Jueces no hacemos Leyes, sino que interpretamos y aplicamos las aprobadas por las Cortes Generales, Asambleas de las Comunidades y Organismos europeos competentes actuando conforme a criterios de legalidad, no de oportunidad o conveniencia política, y menos aún al dictado de otros poderes o intereses.

En el desempeño de esta función, Magistrados y Jueces podemos adoptar las medidas cautelares previstas en la ley que se consideren pertinentes, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legalmente exigidos. Precisamente por estar en un Estado de derecho, tales decisiones, además de susceptibles de crítica, serán impugnadas por los interesados que así lo entiendan y revisadas por un órgano superior para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa.

Hablar de presos políticos o directrices políticas en nuestro país es desconocer el Tratado Fundacional de la Unión Europea, nuestra Constitución y la esencia de la función judicial. Es desconocer de manera interesada algo evidente.

Reiteramos desde aquí nuestro apoyo y reconocimiento a la labor de todos los compañeros que día a día garantizan el respeto a la ley y a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Manuel Almenar Belenguer                                                RaimundoPrado Bernabeu                                 Concepción Rodríguez González del Real

Asociación Profesional de la Magistratura                         Asociación Judicial Francisco de Vitoria              Foro Judicial Independiente