1. Sin jueces independientes no hay Estado de Derecho, fundamento de toda democracia.
  2. La independencia del Poder Judicial es un derecho y una garantía para los ciudadanos.
  3. En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces están sometidos únicamente al imperio de la Ley.
  4. Garantía de esa independencia, es la inamovilidad judicial.
  5. El principio se separación de poderes exige un gobierno judicial autónomo, por Consejos Superiores o Generales de la Magistratura o del Poder Judicial  de composición plural cuyos miembros sean elegidos por y entre los propios jueces.
  6. La función primordial de esos Consejos es la garantía de la independencia judicial frente a presiones externas, de medios de comunicación social y de organizaciones o grupos de presión social.
  7. La independencia judicial trasciende a las decisiones de cada juez: tiene una vertiente institucional, de gobierno y organizativa. Son los Consejos los máximos responsables del gobierno y administración de la Justicia. La Justicia no puede ser concebida como un servicio público más dependiente de las Administraciones.
  8. El proceso judicial no es un procedimiento administrativo en el que intervengan funcionarios de dependencia gubernamental, luego su dirección corresponde a los jueces.
  9. El Poder Judicial debe contar con un compromiso de las fuerzas  políticas que de paso a una garantía institucional de suficiencia  presupuestaria para la Justicia.
  10. El ingreso y promoción dentro de la Judicatura debe estar presidida por el principio de mérito y capacidad.
  11. Los nombramientos discrecionales serán siempre motivados.
  12. La noción de eficacia de la justicia no puede en ningún caso ser identificada con criterios de productividad de los jueces. La organización administrativa del sistema de justicia deberá estar estructurada de modo que no exista posibilidad de interferencia de los órganos de gestión en la labor de los jueces y en su independencia en la tarea de juzgar.
  13. Se suprimirá cualquier turno parlamentario de nombramiento de los Jueces.
  14. La responsabilidad penal no podrá castigarse por imprudencia.
  15. La responsabilidad disciplinaria debe cumplir la regla de certidumbre y concreción en las infracciones sin admitir tipos abiertos y genéricos, sin entrar en el contenido de lo decidido por el juez.
  16. La responsabilidad disciplinaria debe cumplir la regla de certidumbre y concreción en las infracciones sin admitir tipos abiertos y genéricos. Nunca deberá examinar la actuación jurisdiccional.
  17. Los Jueces dependerán económicamente de forma exclusiva del Consejo General que fijará sus retribuciones de acuerdo con la ley.
  18. El juez no es un funcionario del gobierno, luego su régimen retributivo debe estar regulado por ley.
  19. La independencia judicial exige, además, un régimen retributivo digno, que retribuya la dignidad judicial, la responsabilidad  del juez y su dedicación exclusiva a la  función judicial.
  20. La ley de retribuciones debe incluir previsiones de actualización salarial
  21. Ningún Juez podrá ver disminuido ningún componente de sus retribuciones por falta de rendimiento en su actividad, excluyéndose la multa.
  22. Los jueces deben estar cubiertos frente a los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, jubilación y muerte.
  23. La carga de trabajo debe permitir la conciliación de la vida familiar y profesional.
  24. La pensión de jubilación de un juez, con un número mínimo de años de ejercicio, no puede ser inferior a la máxima pensión prevista para otros cuerpos del Estado.
  25. Al jubilarse, el juez debe ser indemnizado en compensación al sometimiento al régimen estricto de incompatibilidades a lo largo de su vida profesional.
  26. En un espacio europeo cada vez más integrado y donde hay reconocimiento automático de decisiones jurisdiccionales, la independencia del Poder Judicial debe estar garantizada por normas mínimas comunes a todos los Estados. El juez que reconozca automáticamente una sentencia de otro Estado tiene que estar seguro de que haya sido proferida por un juez con las mismas garantías de independencia.
  27. Conclusión final: La situación actual en España es que las premisas que se exponen en los 26 primeros puntos de las conclusiones no se cumplen o adolecen de graves deficiencias y carencias. A ello hay que unir una situación de ineficacia endémica derivada del insuficiente número de Jueces en relación con los asuntos que se tramitan. También es relevante el pobre rango en la prioridad presupuestaria que ocupa la Justicia, lo que desemboca en carencias personales y materiales de todo tipo. Así, se puede afirmar que la independencia de la Justicia en España se encuentra en situación precaria y sobrevive a duras penas principalmente por la decidida voluntad de una buena parte de sus integrantes a costa de su salud y de sus expectativas profesionales y aprovechando los huecos que deja el enfrentamiento de los partidos políticos. Hoy por hoy, es más probable, sin embargo, que estos lleguen a un consenso para controlar la Justicia que la de un acuerdo para establecer el Poder Judicial realmente independiente de los demás poderes del Estado y verdaderamente eficaz que quiso nuestra Constitución.

Madrid, 3 de marzo de 2017

Salón de Actos del CGPJ

(Integrantes de la mesa: Filipe César Marques (ASPJ); José Luis Requero Ibáñez (APM); Joaquín González Casso (AJFV); Javier Martínez Lázaro (JD); Conrado Gallardo Correa (FJI). Moderador: Manuel G. Altava Lavall)