Ángel Dolado, Juez Decano de Zaragoza

           Hemos de afrontar los retos de 2017 con renovadas ilusiones porque España se juega su prestigio ante la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de inversión. En el último mes hemos alumbrado un pacto estatal en violencia de género, una subida histórica del salario mínimo interprofesional y un consenso en techo de gasto y de endeudamientos de instituciones locales, autonómicas y de Seguridad Social. Existe el compromiso electoral de reformar el Consejo General del Poder Judicial y democratizar sus órganos de gobierno para dar respuesta a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial. Se habla de limitación de los aforamientos, reforma integral de la ley del indulto y protección real de los consumidores en materia hipotecaria para ciudadanos en exclusión social. Se apuesta decididamente por la solución de conflictos a través del arbitraje y la mediación intra y extrajudicial.
En el nuevo año destacaría tres retos.
En primer lugar, la Instrucción penal por los fiscales. Exige una reforma completa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que le dote de las garantías de independencia e imparcialidad que tienen los jueces de instrucción: una policía judicial adecuadamente dotada y a las órdenes de los fiscales. al margen de los poderes ejecutivos. Mantener la acusación popular y eliminar la personación de los partidos políticos en los procesos judiciales.
En segundo, medidas eficaces de lucha contra la corrupción política y económica. Regular y proteger al denunciante confidencial, al arrepentido; sustraer estos delitos del jurado; eliminar o limitar la suspensión de penas e indulto en materia de corrupción; promover más Eurojust y la Red Judicial Europea, y dar un impulso a las acciones eficaces para combatir los paraísos fiscales.
En tercero, caminar hacia la justicia digital. Los jueces apoyamos la modernización tecnológica de la Administración conjugando el ejercicio de la potestad jurisdiccional individual con la dignidad que merece todo justiciable. Este reto exige inversión económica suficiente, que garantice una justicia ágil y eficaz.
Esta revolución requiere capital humano. jurídico, económico, informático y una transformación en el entorno corpo¬rativo e institucional, con interacción entre los operadores jurídicos y los demandantes de justicia. En 2017 apostamos por la mediación como sistema de solución alternativa de conflictos para proteger a los más vulnerables y porque las partes resuelven realmente sus problemas, se comprometen a ejecutar los acuerdos y sienten cercana la justicia. La Carta Magna de los jueces europeos establece que el juez debe actuar para asegurar la consecución de una solución rápida, eficaz y a un coste razonable de los litigios; debe contribuir a la promoción de métodos al-ternativos de resolución. Exigimos una implicación real, efectiva y coordinada de todos los responsables en mediación.
Deseo para el Año Nuevo. Nunca podremos hacer nada para cambiar el devenir de los hechos o las circunstancias, pero siempre podremos cambiar nuestra actitud para solucionar los problemas a través del diálogo y la negociación de buena fe.

         (Heraldo de Aragón, 1 de enero de 2017).