(Artículo publicado por Ángel Dolado Pérez en Heraldo de Aragón. 02/12/2016)

En los últimos seis años no se ha creado ningún juzgado nuevo en España y llevamos un año de paralización absoluta legislativa y sin desarrollar las numerosas reformas publicadas en 2015. Vemos como la justicia y su modernización es una tarea pendiente para 2017 y la nueva legislatura.

En un Estado de Derecho la Justicia debe ser una prioridad, como la sanidad o la educación. Hoy no lo es y los ciudadanos exigen que lo sea.

Los sucesivos gobiernos democráticos han eludido una necesaria reforma integral, con limitadas intervenciones parciales y muchas  contradictorias. Se reenvía al sistema judicial buena parte de los problemas y conflictos que las distintas instituciones políticas y sociales no aciertan a solucionar en otras sedes, con el efecto perverso de la judicialización de toda la vida social, económica y política.

El impulso reformador nos está llegando desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (hipotecas, cláusulas suelo, desahuicios, productos financieros, derecho de consumo). La última sobre protección de los trabajadores temporales que no han de ser discriminados en las indemnizaciones por despido.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene condenando a España por no establecer la segunda instancia penal y por eso se ha reformado la ley para que los recursos de apelación de las Audiencias Provinciales sean vistos por la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

 El Consejo de Europa  cuestiona la independencia judicial en España por la politización del Consejo General del Poder Judicial y se ha prometido una reforma que democratice esta institución.

De las reformas hemos de valorar positivamente el anunciado Pacto de Estado en el tema de violencia de género, el Estatuto de la Víctima, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la nueva regulación del decomiso, la regulación de las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, la utilización de los servicios de Eurojust y de la Red Judicial Europea.

Sin embargo, consideramos perjudicial la relativa a la limitación de los plazos de la instrucción porque no se le ha acompañado de inversión económica para que las diligencias puedan practicarse en menos plazo.

La Ley de Segunda Oportunidad para la insolvencia de personas físicas es una ley fracasada porque no han llegado a mil en un año, cuando en Francia y Alemania superan los 100.000 concursos de acreedores.

Sería deseable que se superara la dinámica de continuas y parciales reformas, sin dotación presupuestaria  y rechazar la “motorización legislativa” con avalancha de leyes sin apenas vacacio legis, que genera inseguridad y dificulta el estudio de las nuevas normas.

Es necesario invertir en Justicia, apostar por la eficaz tutela de los derechos de los ciudadanos, por la convivencia civilizada, por la rápida solución de conflictos, por el respeto a la ley y a las instituciones y por el buen funcionamiento de la economía. Por el futuro de nuestro país en definitiva. Es hora de que las palabras dejen paso a los hechos; y por cierto, también al diálogo, ese bien hoy tan escaso. La Justicia es cosa de todos.

ANGEL DOLADO PEREZ

JUEZ DECANO ZARAGOZA